PRONUNCIAMIENTO ANTE LA LEY DE TRATA SANCIONADA
POR EL CONGRESO DE LA NACION
Con la aprobación por la Cámara de Diputados de la Nación el 9 de abril, ha sido sancionada por el Congreso Nacional la ley que reprime la Trata de Personas.
Esta ley, como hemos venido sosteniendo agrupaciones feministas y otras organizaciones sociales apoyadas por gran parte de la sociedad, no cumple con el objetivo declarado de perseguir efectivamente a los tratantes y proteger los derechos humanos de las víctimas.
Al exigir que en el caso de las personas tratadas mayores de 18 años se deban aportar las pruebas de que han sido engañadas, violentadas o abusadas, es decir que no consintieron su propia explotación, establece la idea de una trata legítima: aquella en que estas circunstancias no puedan ser probadas, lo que convertirá a los tratantes en inocentes empresarios de la trata de personas, en esclavistas legales, aunque se demuestre que el fin que persiguen es la explotación de la prostitución ajena, del trabajo esclavo o los demás previstos por la ley.
Así, el delito quedaría impune en la inmensa mayoría de los casos, lo que se ve agravado por lo limitado de las penas, ya que al tener un mínimo de 3 años, permite la excarcelación de los tratantes. Está entre las penas más bajas de América Latina.
La ley que cuestionamos fue impulsada por el actual Ministro de Justicia Anibal Fernandez y defendida en el Senado y en Diputados por Vilma Ibarra. Apoyamos los argumentos vertidos por las/los diputadas/os que votaron en contra de la sanción de esta ley y de las/os que plantearon disidencias parciales oponiéndose a que los vicios del consentimiento de la victima esten incluidos en la tipificación de los delitos y se deban aportar pruebas de la falta de consentimiento.
Defendemos la vida y la libertad de las personas en situación de prostitución o de esclavitud laboral o cualquiera sea el fin que los tratantes persigan y exigimos una ley que castigue seriamente la trata de personas y proteja a las victimas, teniendo en cuenta que los derechos humanos son irrenunciables y nadie puede consentir su propia explotación.
El veto presidencial de los párrafos que exigen la prueba de la falta de consentimiento de las victimas mayores de 18 años en los arts 2 y 10 puede restablecer en parte los principios de derechos humanos dirigidos a proteger a las victimas de trata. La impunidad de los tratantes las revictimiza una vez más y agrava su situación de esclavitud.
De no hacerse efectivo este veto, se verá seriamente comprometida la vigencia actual de los derechos humanos.
Y PROTEJA Y RESPETE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS
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